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Los aranceles inmobiliarios son tarifas reguladas por el Estado que se aplican a servicios clave en operaciones como compraventas, hipotecas o procedimientos judiciales, y afectan directamente al coste final de cualquier transacción inmobiliaria. En España, los principales aranceles son los notariales, registrales y, en determinados casos, los de procuradores, y su importe depende del valor del inmueble y del tipo de trámite realizado.
En síntesis:
Un arancel es una tarifa o derecho que se paga por un servicio específico proporcionado por un profesional. Por ejemplo, se paga un arancel a un notario, un registrador de la propiedad o bien a un procurador, cuando hay una transacción legal o administrativa.
Los aranceles vienen marcados por el Estado, y su objetivo principal es regular y estandarizar los honorarios que estos profesionales cobran por sus servicios. Estos pueden variar en función de la complejidad de la transacción y del valor de la propiedad involucrada.
En el mundo inmobiliario, los aranceles son una parte importante de los costes asociados a las transacciones más habituales. Algunos de los servicios más comunes en los que se aplican los aranceles son:
Los aranceles inmobiliarios funcionan mediante un sistema de tarifas reguladas por el Estado, lo que significa que los profesionales que los aplican (notarios, registradores o procuradores) no pueden fijar libremente sus precios. En su lugar, deben aplicar los baremos oficiales establecidos en la normativa correspondiente.
En la práctica, el funcionamiento es el siguiente:
el arancel se calcula en función del valor económico del acto jurídico (por ejemplo, el precio de una vivienda o el importe de una hipoteca) y se aplica mediante tramos decrecientes. Esto implica que no se aplica un único porcentaje al total, sino distintos porcentajes a cada tramo del valor, reduciendo el impacto conforme aumenta el importe de la operación.
Además, el importe final puede verse ligeramente modificado por factores como:
Por este motivo, aunque los aranceles estén regulados, dos operaciones similares pueden presentar pequeñas diferencias en el coste final, siempre dentro de los límites legales.
Los aranceles se aplican a diversos servicios proporcionados por profesionales del sector inmobiliario. Los más comunes están relacionados con los notarios, registradores de la propiedad y procuradores.
Los notarios son profesionales del derecho que intervienen en la formalización de documentos y actos jurídicos, como la redacción de escrituras públicas o la firma de contratos de compraventa. Se tratan de las tarifas que pueden cobrar por sus servicios. Estos aranceles están regulados por el Estado, concretamente a través del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre. Se calculan en función del valor de la propiedad y la complejidad de la transacción.
Los aranceles registrales corresponden a los servicios prestados por los registradores, como:
También están regulados por el Estado y dependen del valor declarado del inmueble y del tipo de asiento registral que se practique.
Los procuradores representan a las partes ante los juzgados en procedimientos judiciales. En el ámbito inmobiliario intervienen, por ejemplo, en:
Sus aranceles están regulados por el Real Decreto 1373/2003, y se calculan en función de la cuantía del procedimiento, con mínimos y máximos establecidos legalmente.
Conviene no confundir su función con la del abogado: el procurador representa, mientras que el abogado asesora y defiende jurídicamente.
Los aranceles tienen un impacto directo en las transacciones inmobiliarias, ya que representan una parte significativa de los costes asociados a la compra, venta o alquiler de propiedades. Estos son los más comunes y que debes tener en cuenta antes de cerrar un trato.
En una transacción de compraventa, tanto el comprador como el vendedor se ven obligados a asumir costes derivados de los aranceles.
El comprador paga los aranceles notariales asociados a la firma de la escritura pública de compraventa y los aranceles registrales para la inscripción de la propiedad en el Registro de la Propiedad.
Por otro lado, el vendedor tendrá que hacerse cargo de los aranceles notariales si necesita cancelar una hipoteca existente sobre la propiedad.
En el caso del alquiler, los aranceles no suelen tener un impacto tan directo como en las compraventas. Sin embargo, si se requiere la intervención de un procurador para resolver litigios entre inquilinos y propietarios, como desahucios o impagos de rentas, estos podrían incrementar los costes asociados al alquiler.
Cuando se solicita una hipoteca para financiar la compra de una propiedad, también hay que hacerse cargo de ciertos aranceles notariales y registrales.
Estos suelen estar relacionados con la formalización de la escritura de la hipoteca y su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Lectura recomendada: ¿Cómo valorar una vivienda para pedir una hipoteca?
Es importante tener en cuenta que los aranceles no son los únicos costes asociados a las transacciones inmobiliarias. También pueden existir otros costes, como impuestos, comisiones de agencias inmobiliarias o tasas de gestoría.
Conocer qué tipo de aranceles existen es clave y te permitirá calcular correctamente el precio total de una transacción inmobiliaria.
El cálculo de los aranceles en una transacción inmobiliaria puede ser complejo, ya que depende de diversos factores y de la normativa aplicable en el momento concreto. Asimismo, también pueden variar en función del tipo de propiedad. A continuación, detallamos los aranceles dependiendo de qué parte de la transacción te encuentres.
Si eres comprador, tendrás que asumir los aranceles notariales. Estos se calcularán basándose en el valor de la propiedad y la complejidad de la transacción. Las tarifas notariales están establecidas en una escala decreciente, lo que significa que el porcentaje aplicado disminuye a medida que aumenta el valor de la propiedad. Para calcular el arancel notarial, es necesario consultar la normativa vigente y aplicar las tarifas correspondientes al valor de la propiedad y a la naturaleza del acto jurídico.
Asimismo, deberás asumir los aranceles registrales, y también varían siguiendo las mismas características que los anteriores. Para hacerte una idea, puedes consultar la legislación vigente y realizar un cálculo de aranceles según las tarifas correspondientes establecidas
Si vas a vender una propiedad hipotecada, deberás hacerte cargo de los aranceles notariales para poder cancelar la hipoteca sobre la propiedad, ya que esta pasará a otra titularidad.
Si te enfrentas a un proceso judicial, deberás tener en cuenta los aranceles de los procuradores. Estos dependen y se aplican en función de un porcentaje aplicado sobre la cuantía del proceso. Se debe tener en cuenta que hay un mínimo y un máximo establecidos. Para calcular estos aranceles, es necesario consultar la legislación vigente y aplicar las tarifas y baremos correspondientes.
Imaginemos la compra de una vivienda en España por un precio de 200.000€, sin cargas previas y con financiación hipotecaria.
En este caso, los aranceles habituales serían:
En conjunto, y sin contar impuestos ni otros gastos (como tasación o gestoría), los aranceles estrictamente inmobiliarios en una operación de este tipo suelen situarse entre 900€ y 1.500€.
Este ejemplo ilustra por qué es fundamental distinguir los aranceles de otros costes y tenerlos en cuenta desde el inicio para calcular correctamente el presupuesto total de la operación.
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En las formalizaciones de escrituras de compraventa de viviendas de protección oficial (VPO), de explotaciones familiares y de otras establecidas por la ley existen reducciones de los aranceles con carácter social.
Los aranceles aplican en transacciones inmobiliarias en España, independientemente de si las partes involucradas son nacionales o extranjeras. Sin embargo, las regulaciones y tarifas específicas pueden variar en otros países. Es importante consultar las leyes y regulaciones locales al realizar transacciones inmobiliarias internacionales.
Los aranceles son tarifas reguladas por el Estado aplicadas a servicios profesionales. En cambio, los impuestos son cargas tributarias que se deben pagar al gobierno en relación con la propiedad y las transacciones inmobiliarias, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Ambos, aranceles e impuestos, siempre influyen en el coste final de una transacción de bienes inmuebles.
En una transacción inmobiliaria, el comprador suele pagar los aranceles de la compraventa, el vendedor los de cancelación de cargas y, en el caso de la hipoteca, el banco asume la mayoría de los aranceles notariales y registrales, salvo copias adicionales solicitadas por el cliente.
