En los últimos años, la ocupación ilegal de viviendas, más conocida como “okupación”, ha generado una gran preocupación entre propietarios e inversores inmobiliarios. Este fenómeno no solo afecta el derecho a la propiedad privada, sino que también crea conflictos sociales, especialmente en comunidades de vecinos que se ven obligadas a convivir con okupas. Ante la lentitud de los procesos judiciales, han surgido empresas de desokupación que ofrecen soluciones rápidas y efectivas para desalojar a los ocupantes ilegales.
En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las empresas "desokupas", cómo funcionan, su legalidad y cuánto cuestan. Si eres propietario o inversor inmobiliario, entender el problema de la ocupación y el papel de estas empresas es fundamental para proteger tu inversión.
La desokupación se refiere al proceso mediante el cual se desalojan a los okupas de una propiedad de forma rápida y, en teoría, legal. Las empresas de desokupación se especializan en intervenir en casos donde la vivienda ha sido ocupada sin el consentimiento del propietario, ofreciendo un servicio que promete recuperar el inmueble sin tener que esperar los largos tiempos de la vía judicial.
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Estas empresas suelen utilizar métodos de negociación y persuasión para lograr que los okupas abandonen voluntariamente el inmueble, evitando así recurrir a la fuerza física o a procedimientos judiciales. Sin embargo, la legalidad de algunas de sus prácticas ha sido objeto de debate, ya que en ciertos casos se han utilizado técnicas que rozan la intimidación o la coacción.
Es importante destacar que, si bien el objetivo de las empresas "desokupas" es el desalojo rápido, existen límites legales que deben respetarse. Por ejemplo, el control de acceso, uno de los métodos utilizados por estas empresas, debe ser llevado a cabo por personal autorizado, según lo estipulado en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
El funcionamiento de las empresas de desokupación se basa en varios pasos que buscan agilizar el proceso de recuperación de la vivienda. A continuación, te explicamos en detalle cómo suelen operar:
Una vez contratado el servicio, la empresa realiza un estudio previo del caso para asegurarse de que no haya menores o personas vulnerables en la vivienda ocupada. También se revisa la documentación del propietario para confirmar que la propiedad realmente le pertenece. Este paso es crucial, ya que permite a la empresa actuar con total seguridad jurídica.
En la mayoría de los casos, el primer paso es la negociación. La empresa desokupa se presenta en el inmueble ocupado y trata de llegar a un acuerdo con los okupas. Este método busca evitar el uso de la fuerza y acelerar el proceso de desalojo.
Si la negociación no da resultado, la empresa puede implementar un "control de acceso", que consiste en colocar personal de seguridad en la entrada de la vivienda. Este personal se asegura de que los okupas no puedan reingresar una vez que salgan de la propiedad. Este tipo de acción debe estar a cargo de profesionales de seguridad privada, como exige la Ley de Seguridad Privada, y debe realizarse dentro de los límites legales para evitar ser considerado como coacción.
En muchos casos, la presión psicológica del control de acceso y la negociación termina por convencer a los okupas de abandonar el inmueble. Sin embargo, si los okupas se resisten, algunas empresas pueden recurrir a la vía judicial como último recurso.
El precio de contratar una empresa de desokupación puede variar en función de la complejidad del caso, la ubicación del inmueble y la resistencia de los okupas. Los costes suelen oscilar entre los 1.500€ y los 8.000€, aunque en casos excepcionales pueden ser más altos.
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Algunas empresas pueden ofrecer un presupuesto inicial tras analizar la situación, pero en general, el precio dependerá de cuánto tiempo se necesite para desocupar la vivienda y de si es necesario establecer un control de acceso durante varios días.
El proceso de okupación ilegal suele seguir un patrón similar en muchos casos. A continuación, te explicamos paso a paso cómo ocurre la ocupación y qué deben hacer los propietarios afectados:
El primer paso en la okupación es la entrada de los okupas en la vivienda. Si esto ocurre dentro de las primeras 48 horas, la policía puede intervenir sin necesidad de una orden judicial. Pasado este tiempo, es mucho más complicado desalojar a los okupas sin recurrir a los tribunales.
Los vecinos o la propia policía suelen notificar al propietario sobre la ocupación ilegal. En este punto, muchos dueños se ven obligados a actuar rápidamente para evitar que los okupas se afiancen en la vivienda y realizar la protección de sus bienes.
El propietario puede intentar una negociación directa con los okupas o recurrir a una empresa desokupa. Si ninguna de estas opciones funciona, el siguiente paso es iniciar un proceso judicial, que puede durar meses o incluso años.
El derecho del propietario a recuperar su vivienda es incuestionable, pero los procedimientos legales pueden variar en función de la situación. En casos de okupación de segundas residencias o inmuebles vacíos, los tiempos de resolución pueden ser más largos. En cambio, cuando la propiedad es la vivienda habitual del propietario, los tribunales suelen actuar con mayor celeridad.
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Uno de los problemas adicionales que enfrentan los propietarios es que, aunque la vivienda esté okupada, siguen siendo responsables del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esto añade un coste adicional a una situación ya de por sí complicada, y refuerza la necesidad de una solución rápida para recuperar el control de la propiedad.
Es importante señalar que algunas de las prácticas empleadas por las empresas desokupas pueden rozar la ilegalidad. En casos extremos, los métodos de intimidación o las amenazas hacia los okupas pueden considerarse delitos de coacción o amenazas, como ya han señalado algunos tribunales en sentencias recientes.
El uso de la fuerza física o la intimidación psicológica puede tener consecuencias legales graves para las empresas y los propietarios que recurran a estos métodos. Por eso, es esencial contratar una empresa que actúe dentro del marco legal.
La antijuricidad en el derecho penal implica que cualquier acción que vulnere la libertad de los okupas, como las coacciones o la intimidación, puede ser sancionada por la ley. Esto significa que las empresas deben asegurarse de que sus acciones no crucen el límite de lo legal. Los propietarios deben tener en cuenta que, si se demuestra que las prácticas de desalojo fueron ilegales, ellos también podrían ser responsables.
Las empresas desokupas ofrecen una solución rápida para recuperar viviendas ocupadas, aunque algunos de sus métodos pueden estar al borde de la legalidad.
El precio de contratar estos servicios varía, pero suele oscilar entre los 1.500€ y los 8.000€, dependiendo de la complejidad del caso.
Es fundamental que los propietarios e inversores comprendan las implicaciones legales de la desokupación antes de recurrir a estas empresas.
No hay una única empresa en este sector. Existen varias empresas especializadas en desokupación en España, como Desokupa y Fuera Okupas, que son las más conocidas. La mejor opción dependerá de la experiencia de la empresa, su historial y las opiniones de otros usuarios.
El precio de una empresa desokupa puede variar entre los 1.500€ y los 8.000€, dependiendo del caso y de la resistencia de los okupas.
Estas empresas se encargan de negociar con los okupas para que abandonen la propiedad de forma voluntaria. En caso de no lograrlo, pueden implementar métodos como el control de acceso o recurrir a la vía judicial.
Si una empresa desokupa contacta a los okupas, lo mejor es intentar llegar a un acuerdo para abandonar el inmueble. La resistencia puede resultar en un proceso judicial más complicado.
Sí, contratar una empresa desokupa es legal, siempre que actúen dentro de los límites establecidos por la ley.
El proceso de desokupación puede durar entre 48 horas y varias semanas, dependiendo de la situación específica.
La mejor manera de prevenir la okupación es instalar sistemas de seguridad en la vivienda, como alarmas o cámaras de vigilancia, especialmente en segundas residencias.
Si los okupas no abandonan la vivienda tras el intento de desokupación, el propietario deberá recurrir a la vía judicial para desalojarlos legalmente.
