Una concesión administrativa es el permiso que da una Administración pública a una empresa o particular para usar o explotar un bien o servicio público durante un tiempo limitado, sin perder la propiedad. Se aplica en casos como aparcamientos, hospitales, puertos o servicios públicos, y suele tener una duración de 20 a 75 años. Al finalizar, el bien revierte al Estado o al ayuntamiento.
En síntesis:
Una concesión administrativa es un acto mediante el cual una Administración pública —por ejemplo, un ayuntamiento o una autoridad portuaria— otorga a un particular o empresa (el concesionario) el derecho de uso y explotación de un bien o servicio público durante un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones y a cambio de un canon o contraprestación económica.
Su objetivo es permitir que un tercero gestione o aproveche un espacio o infraestructura pública, como un aparcamiento, una instalación deportiva, un puerto o un edificio público, sin que la Administración pierda la propiedad del bien.
La Administración que otorga la concesión se denomina concedente, y mantiene siempre la titularidad y potestad de control sobre el bien.
Según la legislación vigente, recogida actualmente en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: "se considera concesión de obras o de servicios aquel contrato en el que la Administración cede la construcción o explotación de una obra o servicio público durante un plazo determinado, reconociendo al concesionario el derecho a percibir ingresos por la explotación o mediante una retribución económica"
Las concesiones administrativas poseen características distintivas que las diferencian entre otros valores de acuerdo:
Una concesión administrativa permite que la Administración pública otorgue a una persona o empresa el derecho de usar y explotar un bien o servicio público durante un tiempo limitado, sin perder la propiedad. El concesionario asume la inversión, el mantenimiento y los riesgos económicos, mientras la Administración supervisa que se cumpla el interés general. Al finalizar el plazo, el bien o la instalación revierte automáticamente a la Administración.
En resumen, así funciona:
En una concesión administrativa intervienen varios actores, pero los dos principales son el concedente y el concesionario. Cada uno cumple funciones distintas dentro del acuerdo, garantizando que el bien público se utilice correctamente y bajo control administrativo.
| Aspecto | Concedente | Concesionario |
|---|---|---|
| Quién es | Administración pública titular del bien o servicio (Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento u organismo público). | Persona física o jurídica (empresa o entidad) que recibe el derecho de uso o explotación. |
| Rol principal | Otorga el derecho de uso y explotación bajo condiciones concretas. | Gestiona y explota el bien durante el plazo de la concesión. |
| Propiedad del bien | Mantiene la titularidad del bien o dominio público. | No adquiere la propiedad, solo el derecho temporal de uso. |
| Responsabilidades | Supervisar, controlar y garantizar el interés público. | Cumplir los requisitos técnicos, legales y ambientales; pagar el canon correspondiente. |
| Duración del vínculo | Determinada por la concesión (máximo 75 años según normativa general). | Limitada al mismo plazo; al finalizar, debe devolver el bien. |
| Ejemplo típico | Ayuntamiento que concede la gestión de una instalación deportiva. | Empresa que administra un parking público o un puerto deportivo. |
Las concesiones administrativas permiten que un particular o empresa gestione, use o explote un bien o servicio público durante un tiempo limitado, sin que la Administración pierda su titularidad.
En España, existen varios tipos de concesiones, según la naturaleza del bien o del servicio y el objetivo del contrato.
Se aplican cuando la Administración autoriza a una empresa a construir, financiar y explotar una obra pública.
El concesionario asume la inversión y los riesgos económicos, y a cambio obtiene el derecho a explotar la infraestructura durante un periodo concreto (normalmente entre 20 y 75 años).
Ejemplos reales:
En este modelo, la Administración delegada la gestión de un servicio público a una empresa privada.
El concesionario asume los costes, los riesgos y la operación diaria del servicio, a cambio de la posibilidad de obtener ingresos por tarifas o tasas pagadas por los usuarios.
Ejemplos reales:
Estas concesiones se aplican sobre bienes de dominio público o patrimoniales del Estado, comunidades autónomas o ayuntamientos.
El objetivo es permitir su uso, conservación y aprovechamiento económico por parte del concesionario, sin perder la titularidad pública.
Durante el periodo de vigencia, el concesionario puede mantener, reformar o explotar el bien y, en ocasiones, traspasar el derecho de concesión, siempre con autorización administrativa.
Ejemplos reales:
Se conceden cuando una persona o empresa ocupa o utiliza una parte del dominio público para un fin económico o de interés general, sin necesidad de construir una obra o prestar un servicio público.
Suelen tener carácter temporal y reversible.
Ejemplos reales:
Algunos contratos combinan ambas modalidades: el concesionario construye una infraestructura y además presta un servicio público asociado a ella.
Este tipo es común en proyectos de colaboración público-privada (CPP) de gran envergadura.
Ejemplos reales:
| Tipo de concesión | Qué autoriza | Quién asume la inversión | Ejemplo práctico |
|---|---|---|---|
| Obras de dominio público | Construir y explotar infraestructuras. | El concesionario. | Autopistas de peaje, aparcamientos subterráneos. |
| Prestación de servicios públicos | Gestionar un servicio de titularidad pública. | El concesionario. | Transporte urbano, recogida de basuras. |
| Sobre patrimonio público | Usar y explotar bienes o edificios públicos. | El concesionario. | Hotel en edificio histórico, mercado municipal. |
| Demaniales | Usar temporalmente el dominio público sin obras. | El concesionario. | Kioscos, terrazas, chiringuitos en playas. |
| Mixtas | Construir y gestionar un servicio o infraestructura. | El concesionario. | Hospital público o terminal de transporte. |
Sí, es posible vender una concesión administrativa, pero existen varias condiciones y regulaciones que deben cumplirse para que la venta sea válida. Aunque una concesión administrativa otorga derechos de uso y explotación de un bien público por un período determinado, esos derechos no son equivalentes a una propiedad privada. En muchos casos, el concesionario puede transferir esos derechos a un tercero mediante la venta, pero este proceso requiere la aprobación del concedente y debe ajustarse a las normativas establecidas en el contrato de concesión.
Sí, puede venderse o cederse, pero solo con autorización previa del concedente. La concesión no es una propiedad, sino un derecho temporal de uso y explotación, por lo que cualquier venta o traspaso debe cumplir las condiciones del contrato y la normativa aplicable. Sin esa autorización, la operación carece de validez.
Sí, pero solo si el contrato de concesión lo permite y con autorización del concedente. El concesionario puede arrendar el uso de parte del bien (por ejemplo, locales dentro de un edificio concesionado), pero sigue siendo responsable ante la Administración. Sin permiso expreso, el alquiler puede considerarse una cesión ilegal del derecho de concesión.
Se establece según el artículo 93.5 de la Ley 33/2003 y equivale a un porcentaje anual (entre el 3% y el 6%) del valor del bien. O el porcentaje correspondiente de los ingresos de explotación, según el tipo de concesión.
La venta del derecho de uso de una plaza en concesión municipal tributa en el IRPF como ganancia patrimonial, al tipo del 19% al 28%, y puede estar sujeta a plusvalía municipal según la normativa local.
En España, la duración de una concesión administrativa depende del tipo de bien o servicio, pero por ley no puede superar los 75 años (art. 93 de la Ley 33/2003). En la práctica, suelen otorgarse por plazos de 20 a 50 años, según la inversión y el uso concedido.
Al finalizar la concesión, el control del espacio vuelve al concedente, y el concesionario debe entregarlo en las condiciones acordadas.
Sí, las concesiones administrativas son comunes en España y se utilizan en una variedad de sectores, incluyendo estacionamientos, infraestructura, y servicios públicos.
La Ley de Contratos del Sector Público establece las normativas y regulaciones relacionadas con las concesiones administrativas en España, garantizando la transparencia y la competencia en los procesos de concesión.
